Ante los decretos municipales de prohibición del uso del burka en espacios públicos en ciudades catalanas, como Barcelona y Lleida; así como el anuncio del Ministro de Justicia de prohibir su uso en la futura Ley de Libertad Religiosa; la Associació Papers i Drets per Tothom queremos manifestar nuestro rechazo por las siguientes razones:
1. Los partidos políticos de derecha e izquierda que promueven dicha prohibi-ción dicen defender con ello los derechos de las mujeres. No se puede defender la libertad de las mujeres mediante la prohibición.
Todas hemos de poder escoger libremente nuestra religión así como nuestra vestimenta.
2. Quienes se presentan ahora como abanderados de la igualdad de género son los mismos que han impulsado la Ley de Extranjería.
Ley que mantiene a miles de mujeres inmigrantes sin papeles y privadas de los más elementales derechos.
Una Ley que dificulta el acceso de la mujer al mundo laboral y educativo, a la vivienda y a la reagrupación familiar.
Una Ley que pone en peligro de expulsión a las mujeres inmigrantes denunciantes de violencia de género y a las trabajadoras sexuales.
3. Estos decretos son en si mismos racistas y discriminatorios. Se prohíbe el velo de la mujer musulmana sin mencionar siquiera la vestimenta de las monjas católicas. Se legisla sobre el burka como una cuestión de seguridad ciudadana criminalizando así a la inmigración y a la mujer.
4. Estas medidas no responden a ninguna alarma social ni debate público. El uso del burka en las ciudades catalanas y en el resto del Estado es casi inexistente.
No ha habido ningún análisis sobre las posibles consecuencias de la implantación de la medida en la vida de las mujeres que usen el burka. Por el contrario son estas medidas las que causan alarma social, instrumentan de manera electoralista el fenómeno migratorio y fomentan el racismo desde las instituciones públicas.
Nuestra sociedad europea que se dice democrática y defensora de la igualdad, prohíbe el uso de determinadas prendas en la mujer al tiempo que subvenciona con dinero público y permite enormes inversiones en campañas publicitarias que utilizan a la mujer como mero objeto sexual subordinado al hombre.
Por lo anteriormente expuesto reclamamos:
1. No se implante ninguna ley o decreto discriminatorio, xenófobo o que criminalice o estigmatice la población inmigrada.
2. Se defiendan los derechos de las mujeres delante de cualquier agresión, promoviendo la sensibilización y la prevención; así como se respete su libertad para decidir de manera autónoma sobre su vida y su identidad.
3. Se derogue toda la legislación que niega a los y las inmigrantes la igualdad de derechos desde las restricciones al empadronamiento de inmigrantes hasta la Ley de Extranjería
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