La policía descarta perseguir a los ‘sin papeles’ que delate Vic
• El municipio irrita a agentes, abogados y sindicatos al exigir la residencia en el padrón
• Los foráneos tendrán tres meses desde el registro para legalizar y evitar ser denunciados
JUAN RUIZ SIERRA / MADRID
PERE PRATDESABA / VIC
El razonamiento difiere según quién reciba la pregunta, ya sean sindicatos, abogados o asociaciones de inmigrantes, pero la respuesta es idéntica. La pregunta: «¿Qué le parece la decisión del Ayuntamiento de Vic de delatar a los extranjeros que se empadronen si en tres meses no presentan un permiso de residencia?» La respuesta: «Una barbaridad». Más allá del juicio, escuchado ayer como si fuese un coro, parece claro que la Policía Nacional, el cuerpo encargado de abrir los expedientes de expulsión de inmigrantes, no se plantea perseguir a los extranjeros que denuncie el consistorio de Vic.
«Resulta atípico –apuntan fuentes de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Catalunya–. Nosotros, hasta ahora, solo perseguimos a los inmigrantes irregulares en circunstancias concretas. Bien cuando hay un caso de inseguridad ciudadana, ligado a una zona, y entonces solemos articular un operativo conjunto con los Mossos d’Esquadra y la Policía Local; bien cuando se está llevando a cabo un delito: la explotación de trabajadores foráneos por parte de una empresa, por ejemplo. Difícilmente vamos a ir piso por piso porque el Ayuntamiento de Vic nos pase una lista de inmigrantes sin papeles». No obstante, la misma fuente añade que, si la policía recibe una notificación municipal, ha de cumplir con la ley de extranjería y citar al extranjero. «Pero sería algo fuera de lo común –insiste–. La prioridad es la inmigración irregular multirreincidente» , insiste.
EL CAMBIO / Lo que comenzará a aplicar de forma inminente Vic, un municipio gobernado por CiU, ERC y PSC en el que más del 23% de la población es inmigrante, supone un drástico cambio respecto a lo que se aplicaba hasta ahora allí y que se continúa aplicando en el resto de localidades de España. Para empadronarse, una inscripción que otorga el derecho a la tarjeta sanitaria, a los servicios sociales y a la escolarizació n, basta el pasaporte u otra prueba de identidad. El acto no tiene ninguna relación con la situación legal del inmigrante. Pero a partir de ahora Vic delatará a la Policía Nacional a todos los extranjeros en situación irregular (salvo los que se hayan acogido a una reagrupación familiar) si en el plazo de tres meses desde que se empadronen con el pasaporte no obtienen el permiso de residencia. Los afectados, en todo caso, seguirán inscritos en el padrón, de ahí que el concejal de Acció Social de Vic, el republicano Joan López, insista en que el derecho continúa «garantizado».
DERECHOS FUNDAMENTALES / «No es del todo así», sostiene Olga Hernández de Paz, presidenta de la Asociación Catalana de Profesionales de Extranjería (ACPE). «Lo que hace el Ayuntamiento de Vic, además de suponer un acto discriminatorio, es vulnerar derechos fundamentales como el derecho a la sanidad. Busca un efecto salida del inmigrante irregular, que ahora se empadronará en otro sitio». El secretario de Inmigración de CCOO en Catalunya, Gassán Saliba, viene a concluir lo mismo.
Los más severos en sus críticas son los colectivos de inmigrantes. Un par de ejemplos. Mohamed Alami, de la Asociación de Amigos del Pueblo Marroquí: «Las cosas no pueden hacerse así. ¿Qué va a pasar con esos inmigrantes? ¿Sus hijos no podrán escolarizarse? ¿Lo saben los principales dirigentes de las formaciones que gobiernan en Vic?». Yaved Ilyas, presidente de la Associació de Treballadors Paquistanesos: «Lo que buscan es echar a los inmigrantes sin papeles. No quieren que vivan en Vic. Haremos una protesta frente al ayuntamiento» .
APLAUSO XENÓFOBO / Más allá del gobierno municipal, la medida solo es celebrada por Plataforma per Catalunya (PxC), la formación que, con un discurso xenófobo basado en el control férreo de la inmigración, se extendió desde Vic por Catalunya en las pasadas muncipales y ahora dispone de 16 concejales en nueve poblaciones. Su presidente, que lidera la oposición en Vic, donde tiene cuatro ediles, señala: «Lo vemos bien. Llevamos años denunciando la situación. Un inmigrante ilegal debe ser perseguido y expulsado. Los ilegales no tienen derecho a ningún tipo de asistencia médica, social o escolar». El ordenamiento jurídico, sin embargo, dice lo contrario.
• El municipio irrita a agentes, abogados y sindicatos al exigir la residencia en el padrón
• Los foráneos tendrán tres meses desde el registro para legalizar y evitar ser denunciados
JUAN RUIZ SIERRA / MADRID
PERE PRATDESABA / VIC
El razonamiento difiere según quién reciba la pregunta, ya sean sindicatos, abogados o asociaciones de inmigrantes, pero la respuesta es idéntica. La pregunta: «¿Qué le parece la decisión del Ayuntamiento de Vic de delatar a los extranjeros que se empadronen si en tres meses no presentan un permiso de residencia?» La respuesta: «Una barbaridad». Más allá del juicio, escuchado ayer como si fuese un coro, parece claro que la Policía Nacional, el cuerpo encargado de abrir los expedientes de expulsión de inmigrantes, no se plantea perseguir a los extranjeros que denuncie el consistorio de Vic.
«Resulta atípico –apuntan fuentes de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Catalunya–. Nosotros, hasta ahora, solo perseguimos a los inmigrantes irregulares en circunstancias concretas. Bien cuando hay un caso de inseguridad ciudadana, ligado a una zona, y entonces solemos articular un operativo conjunto con los Mossos d’Esquadra y la Policía Local; bien cuando se está llevando a cabo un delito: la explotación de trabajadores foráneos por parte de una empresa, por ejemplo. Difícilmente vamos a ir piso por piso porque el Ayuntamiento de Vic nos pase una lista de inmigrantes sin papeles». No obstante, la misma fuente añade que, si la policía recibe una notificación municipal, ha de cumplir con la ley de extranjería y citar al extranjero. «Pero sería algo fuera de lo común –insiste–. La prioridad es la inmigración irregular multirreincidente» , insiste.
EL CAMBIO / Lo que comenzará a aplicar de forma inminente Vic, un municipio gobernado por CiU, ERC y PSC en el que más del 23% de la población es inmigrante, supone un drástico cambio respecto a lo que se aplicaba hasta ahora allí y que se continúa aplicando en el resto de localidades de España. Para empadronarse, una inscripción que otorga el derecho a la tarjeta sanitaria, a los servicios sociales y a la escolarizació n, basta el pasaporte u otra prueba de identidad. El acto no tiene ninguna relación con la situación legal del inmigrante. Pero a partir de ahora Vic delatará a la Policía Nacional a todos los extranjeros en situación irregular (salvo los que se hayan acogido a una reagrupación familiar) si en el plazo de tres meses desde que se empadronen con el pasaporte no obtienen el permiso de residencia. Los afectados, en todo caso, seguirán inscritos en el padrón, de ahí que el concejal de Acció Social de Vic, el republicano Joan López, insista en que el derecho continúa «garantizado».
DERECHOS FUNDAMENTALES / «No es del todo así», sostiene Olga Hernández de Paz, presidenta de la Asociación Catalana de Profesionales de Extranjería (ACPE). «Lo que hace el Ayuntamiento de Vic, además de suponer un acto discriminatorio, es vulnerar derechos fundamentales como el derecho a la sanidad. Busca un efecto salida del inmigrante irregular, que ahora se empadronará en otro sitio». El secretario de Inmigración de CCOO en Catalunya, Gassán Saliba, viene a concluir lo mismo.
Los más severos en sus críticas son los colectivos de inmigrantes. Un par de ejemplos. Mohamed Alami, de la Asociación de Amigos del Pueblo Marroquí: «Las cosas no pueden hacerse así. ¿Qué va a pasar con esos inmigrantes? ¿Sus hijos no podrán escolarizarse? ¿Lo saben los principales dirigentes de las formaciones que gobiernan en Vic?». Yaved Ilyas, presidente de la Associació de Treballadors Paquistanesos: «Lo que buscan es echar a los inmigrantes sin papeles. No quieren que vivan en Vic. Haremos una protesta frente al ayuntamiento» .
APLAUSO XENÓFOBO / Más allá del gobierno municipal, la medida solo es celebrada por Plataforma per Catalunya (PxC), la formación que, con un discurso xenófobo basado en el control férreo de la inmigración, se extendió desde Vic por Catalunya en las pasadas muncipales y ahora dispone de 16 concejales en nueve poblaciones. Su presidente, que lidera la oposición en Vic, donde tiene cuatro ediles, señala: «Lo vemos bien. Llevamos años denunciando la situación. Un inmigrante ilegal debe ser perseguido y expulsado. Los ilegales no tienen derecho a ningún tipo de asistencia médica, social o escolar». El ordenamiento jurídico, sin embargo, dice lo contrario.
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